Especial

La Universidad Carlos III de Madrid acogió esta semana una conferencia internacional con la participación de cerca de 40 expertos

Activar la Convención, cinco años después

07/05/2013

Rocío Barrie/Mario García

Alrededor de 40 expertos en materia de discapacidad y jurídica han intervenido en la intensa Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, celebrada los días 6 y 7 de mayo en la Universidad Carlos III de Madrid (Getafe) con la organización del CERMI y la colaboración de este centro educativo y la Obra Social Fundación “la Caixa”.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, cuando fue ratificada por 20 países. España lo hizo el 21 de abril de 2008.

En el acto de inauguración, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló que las organizaciones de la discapacidad tienen que “hacer una revolución interna, de alcance, para ser los verdaderos promotores de los contenidos de la Convención de la ONU como principales interesados para que ésta sea una realidad normativa, social y del movimiento asociativo, y sea, por tanto, real y efectiva”.

Asimismo, Pérez Bueno se refirió a la Convención de la ONU como “el gran hecho social, político y normativo, con más alcance en materia de discapacidad” y señaló sus avances, pero también sus resistencias a lo largo de los cinco años desde su implantación.

Por su parte, el director general del Imserso, César Antón, calificó la Convención de “ambiciosa e importante”, y aludió a sus avances y retos a los que hay que enfrentarse. “Hay que seguir avanzando, pero hay que sentirse orgullosos por el ejemplo de España de ir siempre de la mano del movimiento asociativo para un desarrollo pleno de la Convención”, indicó, al tiempo que apuntó la responsabilidad del Gobierno en este sentido y de la sociedad y de las propias personas para crear esta sensibilización.

El presidente de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) y del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis, advirtió de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y sus familias en el contexto de crisis actual, y, en este sentido, subrayó que “no permitiremos que los Gobiernos usen la crisis como una coartada para los recortes sociales y el incumplimiento de la normativa”.

Para Javier Ansuátegui, director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, los derechos de las personas con discapacidad son un tema “muy relevante” en la teoría de los derechos humanos, y subrayó que tienen, por un lado, un interés teórico, y, por otro, práctico o político, ya que obliga a reformular el discurso tradicional sobre el sujeto de los derechos y definirá un nuevo modelo de sociedad.

 

1ª SESIÓN: ‘Balance Global de la Convención tras cinco años de vigencia’

Tras la inauguración, distintos expertos internacionales de diferentes ámbitos realizaron un balance general acerca del nivel de desarrollo de la Convención y del grado de cumplimiento por parte de los Estados firmantes, al mismo tiempo que reflexionaron sobre los principales obstáculos y desafíos que plantea este tratado internacional.

Así, el director de la Alianza Internacional  de la Discapacidad (IDA), Stefan Trömel, destacó en su ponencia los avances logrados en los cinco años de vigencia de la Convención, como “referente universal” para los distintos Estados e indicó los efectos producidos en algunos países: en Japón se aprobó una legislación sobre no discriminación, en Kenia se ha modificado la Constitución, en Australia se da una mayor atención a las personas con discapacidad en el ámbito de la cooperación internacional y en Serbia y Bulgaria hay nuevas leyes relativas a la asistencia personal.

En este sentido, acentuó el papel tan “importante” que ha adquirido el propio sector de la discapacidad en todos esos avances, si bien reconoció que siguen existiendo muchas barreras, las cuales se ven agravadas por el impacto de la crisis.

Por otra parte, resaltó el impacto de la Convención en la propia ONU, como la creación de un fondo específico para promover una mayor transversalidad; en la Unión Europea, con los Fondos Estructurales, o en las propias organizaciones de la discapacidad. Y llamó la atención sobre cómo la Convención ha conseguido implantar los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de los derechos humanos.

En la posterior mesa redonda, Damjan Tatic, miembro del Comité para la Convención de la ONU, habló del cambio de paradigma que supone este instrumento internacional y de las nuevas leyes que se aprueban en sintonía con ella, y, sobre todo, apostó por el control internacional para el seguimiento de la aplicación de la Convención, de la mano de las entidades de la discapacidad.

Por su parte, Torcuato Recover, miembro del Comité Ejecutivo del CERMI y coordinador de la Red de Juristas de FEAPS, coincidió con Tatic en que la Convención supone un cambio de paradigma no sólo en la normativa, sino en las mentalidades y en la toma de conciencia de este modelo social.

Por último, el presidente de la Red de Organizaciones Árabes de Personas con Discapacidad (ADOP), Nawaf Kabara, alertó de las políticas de discapacidad basadas en el asistencialismo y no desde el punto de vista de derechos humanos en los países árabes y resaltó el activismo de países como Túnez y Egipto para asegurar la causa de la discapacidad y que ésta no sea abandonada. Además, en su opinión, se necesita el esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos para lograrlo.

 

2ª SESIÓN: ‘Plena igualdad ante la Ley, capacidad jurídica y limitación de derechos’

Los Estados parte deben reformar su legislación en materia de capacidad jurídica para personas con discapacidad, según obliga el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que se respete el ejercicio de sus derechos. Ésta es una de las conclusiones de la sesión ‘Plena igualdad ante la Ley, capacidad jurídica y limitación de derechos’.

El objetivo de esta sesión fue abordar las cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con la adecuada implementación del artículo 12 de la Convención de la ONU, que reconoce la igualdad en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y exige la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones.

Además, las personas expertas participantes en la mesa reflexionaron sobre las restricciones y las limitaciones de derechos derivadas de la falta de adecuación del antiguo sistema de sustitución al nuevo modelo de apoyos requerido por la Convención de la ONU.

Así, el coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención de la ONU, Francisco Bariffi, se mostró pesimista sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención en la normativa de los Estados y en lo que queda por hacer en materia de capacidad jurídica. Según denunció, en la mayor parte de nuestro sistema jurídico se aplica la incapacidad jurídica por razón de discapacidad, lo cual, a su juicio, “es incompatible” con la Convención y “merece su rechazo”, ya que, para él, la declaración de incapacidad “es grave”.

En este sentido, afirmó que la capacidad es uno de los principales referentes en el discurso ético y jurídico para definir a un ser humano y si se aplica la incapacidad jurídica a una persona con discapacidad, su gravedad viene por atribuírsela por no considerarla “sujeto de derecho”.

Así, optó por una revisión “profunda” de los planteamientos que “no están basados en el discurso de los derechos humanos”. “La denegación del ejercicio de derechos es de suma gravedad”, incidió, al tiempo que enfatizó en que el acceso “real y efectivo” a la justicia es un requisito “esencial” al acceso de los derechos humanos.

Añadió que hay que garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el respeto inherente al ser humano, ya que el propio discurso de los derechos humanos lleva a concebir a las personas no sólo como titulares de derechos, sino también como ejecutores de estos.

Sin embargo, a pesar de su visión “pesimista”, reconoció que existen algunos avances en la interpretación del artículo 12 de la Convención, como que la capacidad jurídica supone la capacidad de obrar, la necesidad de reformar la incapacidad civil en varios Estados y la incorporación de este artículo en la casuística en los órganos internacionales de derechos humanos. En este sentido, mencionó el papel del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad en sus recomendaciones a los distintos países en esta materia.

En esta línea, para Cristina Guillarte, la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, el principal obstáculo para la implantación de la Convención de la ONU es que, en la práctica, en nuestros tribunales se suele aplicar “casi siempre” la incapacitación para personas con discapacidad y el sometimiento a tutela judicial. En su opinión, es “precisa” una “importante” reforma que suprima el procedimiento de incapacitación actualmente en vigor.

Asimismo, Gullarte, que apuesta por la flexibilidad de la figura jurídica, consideró que “debe haber un principio judicial de necesidad de apoyos, ya que se detecta la necesidad y la intensidad de los apoyos”, es decir, “un procedimiento que no incida en la capacidad de las personas, sino que esté dirigido a constatar las necesidades y la proporcionalidad de los apoyos necesarios”. “Todos tenemos la misma capacidad, lo que varía son los apoyos para ésta”, aseveró.

Por otra parte, el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, José Miguel Castillo, hizo referencia a su primera iniciativa como portavoz, que fue la proposición de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico al artículo 12 de la Convención, la cual establecía modificaciones necesarias para el sistema de apoyos en la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad. También habló del trabajo de su grupo en la reforma de la Ley del Enjuiciamiento Civil, la Ley del Jurado, la Ley Electoral o la Ley de Autonomía del Paciente, entre otros, con el objetivo de que las personas con discapacidad sean “auténticos” sujetos de derecho.

En representación de la Fiscalía General del Estado, Carlos Ganzenmüller, aseguró que su actividad se ha centrado en que los tribunales de Justicia den respuesta a la Convención en este sentido. Entre otros aspectos, remarcó su apuesta por la necesidad de la especialización en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Por último, la directora general de Derechos de Promoción y Protección de Derechos Humanos (Argentina), Agustina Palacios, llamó la atención sobre la necesidad de visibilizar la temática de género a la hora de abordar la discapacidad. Para ella, en el ámbito de la capacidad jurídica habría que incluir esta perspectiva transversal a las personas destinatarias de los artículos 12 y 13 de la Convención.

En cuanto a las barreras que se encuentran las mujeres con discapacidad en el ámbito de la capacidad jurídica, señaló las “actitudinales”, e indicó que la normativa internacional ha puesto mayor énfasis de protección para estas mujeres en lo que se refiere a sus derechos patrimoniales y a sus derechos personalísimos.

 

3ª SESIÓN: ‘Vida independiente e inclusión en la comunidad’

Diane Richler, en representación de Inclusion International, abordó en una ponencia el artículo 19 de la Convención desde la perspectiva de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Así, analizó la elección, el apoyo y la inclusión como elementos relevantes que recoge el contenido de ese artículo para el efectivo ejercicio de los derechos de estas personas. 

Ésta es una de las conclusiones de la sesión ‘Vida independiente e inclusión en la comunidad’, cuyo objetivo fue analizar los contenidos del derecho a la vida independiente y ser incluido en la comunidad, contemplado en el artículo 19 de la Convención de la ONU, clave en la estructura de este tratado.

Además, las personas expertas que intervinieron en la mesa debatieron acerca de las medidas y actuaciones necesarias para potenciar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad y su plena y efectiva participación en la sociedad, y sobre el papel de las Administraciones Públicas y el diseño de servicios públicos adecuados para lograr este objetivo.

En relación a la elección, al apoyo y a la inclusión, Diane Richler, aseguró que el artículo 19 de la Convención garantiza la capacidad de elegir el lugar de residencia de las personas con discapacidad, tanto dónde como con quién y en igualdad de condiciones que los demás. Sin embargo, evidenció que las personas con discapacidad intelectual no tienen mucha libertad de elección y son las instituciones las que se encargan de sus derechos.

Con respecto al apoyo, el artículo indica las personas con discapacidad tengan acceso a variedad de servicios, como asistencia domiciliara o empleo con apoyo, y su inclusión en la comunidad para evitar su aislamiento. Según precisó Richler, para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho a vivir en la comunidad no sólo ellos necesitan apoyos, sino también a sus familias (con una compensación por los costos de la discapacidad o descansos ocasionales), ya que el apoyo procede fundamentalmente de ellas.

En relación a la inclusión, la Convención establece la adaptación de las comunidades a todas las personas, lo cual significa que las comunidades deben cambiar para la verdadera participación de personas con discapacidad. Para Richler, la inclusión exige una transformación de las comunidades para que sean acogedoras y accesibles para todos.

En este sentido, según las quejas recibidas en Inclusion International, mencionó la falta de educación inclusiva y de empleo, lo cual, según Richler, hace imposible hacer real el artículo 19. Es decir, señaló que los sistemas comunitarios excluyen a las personas con discapacidad intelectual.

Richler concluyó que, a pesar de la lejanía en la aplicación del artículo 19 de la Convención, hay que brindar el apoyo a las personas con discapacidad intelectual para que hablen por si mismos, evitar que se creen nuevos centros de grandes dimensiones para acoger a estas personas, eliminar los incentivos para la institucionalización, brindar más apoyos a  las personas con discapacidad y sus familias, ofrecer más apoyo a los autogestores y a las organizaciones de familias, organizar campañas públicas para reducir la estigmatización y los prejuicios, y cambiar actitudes, así como construir comunidades inclusivas.

Para Mª del Carmen Barranco, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, el desarrollo del artículo 19 en España “se vería mejorada” con la profesionalización de los cuidados, ayudas a la accesibilidad, la preparación para la vida independiente de las niñas y niños con discapacidad, y que la posibilidad de optar a centros residenciales se deba a la propia elección de las personas con discapacidad.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física, Miguel Ángel García Oca, apuntó como importante y necesario un cambio social para que la sociedad tome conciencia de que, en relación a la vida independiente y a la participación en la comunidad, “se habla de derechos y no de asignación de recursos para una determinada atención”.

Por último, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, afirmó que, a pesar de las dificultades económicas, se ha mantenido el modelo de vida independiente de la Comunidad de Madrid, el cual se ha desarrollado gracias  a la colaboración de las organizaciones de la discapacidad, que “es lo que hace posible que funcione”. También apostó por el apoyo al empleo para personas con discapacidad.

 

4ª SESIÓN: ‘No discriminación y Accesibilidad Universal’

Rafael de Asís, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, aseguró que los “ajustes razonables” ( medidas que adaptan el entorno a las necesidades específicas de las personas y que se adoptan cuando falla el diseño para todos) “no se pueden comprender como una medida que busca reemplazar el incumplimiento de la accesibilidad y corregir así situaciones de discriminación”.

Se trata de una de las conclusiones de la sesión ‘No Discriminación y Accesibilidad Universal’, que tuvo como objetivo abordar el papel central que desempeñan la accesibilidad y los ajustes razonables en la eliminación de las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

En este sentido, Rafael de Asís incidió en su ponencia en que es importante subrayar el campo de proyección de los ajustes razonables, que son los bienes, productos y servicios que tienen que estar relacionados con la participación plena en la sociedad, así como definir su función, que es el logro de la accesibilidad.

Así, señaló que se puede hablar de derecho a la accesibilidad y a los ajustes razonables. Explicó que la accesibilidad, desde el punto de vista de sus construcciones jurídicas, se entiende como principio, como parte del contenido esencial de todo derecho, como parte del derecho de no ser discriminado por razón de discapacidad y como un derecho singular.

En cuanto a este igual acceso a bienes, productos, servicios y derechos para tener una participación plena en la sociedad, De Asís expuso que hay que plantearse si éstos se encuentran integrados en el discurso de los derechos humanos. En esta línea, señaló que la incursión del discurso de la discapacidad en el de los derechos humanos supone una serie de novedades, como “cambiar la idea de relacionar sus derechos con la idea de asistencialismo y reconstruir la idea de identidad humana y de igualdad, perdiendo el miedo a la idea de libertad y abriéndose a la de responsabilidad”.

En relación a los cinco de años de vigencia de la Convención de la ONU, que para De Asís se envuelve en una estrategia de no discriminación, el catedrático de Filosofía del Derecho habló de avances en materia de accesibilidad, aunque reconoció que desde el punto de vista jurídico “hay muchas dudas sobre la configuración jurídica de esta idea”.

Posteriormente, se celebró la mesa redonda de esta sesión. Para David Giménez Glück, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, la accesibilidad forma parte del contenido esencial de los derechos, principalmente el derecho a la no discriminación, a la libre circulación, a la información, a la expresión, al trabajo, a la educación o a la participación política.

Jesús Hernández, director de Accesibilidad de Fundación ONCE, donde se ha desarrollado el Observatorio de Accesibilidad a Municipios Españoles, el Observatorio de Accesibilidad al Transporte y el análisis de accesibilidad a portales de Internet, reivindicó “no tener que reivindicar nada” desde la aspiración de alcanzar una sociedad inclusiva, en la que exista un reconocimiento real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y donde se garantice el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto.

Por su parte, la directora de Planificación, Control y Gestión Administrativa de Repsol, María José López Menéndez, expuso las buenas prácticas de su empresa en materia de discapacidad y accesibilidad, como el programa de incorporación de personas con discapacidad, que se implantó en 2005 y a partir del cual se empezaron a adaptar los puestos de trabajos y las estaciones de servicio (ahora hay unas 500 gasolineras accesibles) o el programa de teletrabajo, al que se pueden acoger los trabajadores con discapacidad según sus necesidades específicas.

Por último, Laura Diego, en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, indicó que la prioridad de su departamento para este año es la aprobación de un Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, que será el marco para las políticas públicas en materia de discapacidad en los próximos años, con el objetivo de la promoción de la accesibilidad de bienes y servicios y dispositivos de apoyo para personas con discapacidad.

 

5ª SESIÓN: ‘La participación de las niñas y niños con discapacidad’

La sociedad debe dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que hay en el mundo, para que gocen de su derecho a una verdadera participación. Se trata de una de las conclusiones de la sesión ‘La participación de niñas y niños con discapacidad’, cuyo objetivo fue abrir un debate ante la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y los niños con discapacidad, y sobre los mecanismos que es preciso desarrollar para garantizar la participación activa de este sector de población en el ámbito de la educación, el ocio, el deporte, la salud, etc.

La ponencia de la sesión corrió a cargo de la británica Gerison Lansdown, experta en derechos de niñas y niños, quien apuntó que “la participación de las niñas y los niños con discapacidad importa”, ya que “no se pueden definir sus intereses superiores sin escucharles, sin conocer sus aspiraciones o ideas”.

Agregó que si este grupo de población participa, adquiere una mayor autoestima, se vuelve más confiado, aprende más y se siente más valorado. Por el contrario, si se les excluye de la toma de decisiones, “se promueve su marginalización”.

En este sentido, Lansdown aludió a que el artículo 7 de la Convención de la ONU recoge el derecho del niño y la niña con discapacidad a expresar libremente su opinión y que ésta recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, con lo que defendió que sean activos y participen en sus propias vidas.

Además, abogó por que los propios Gobiernos, de la mano de las organizaciones juveniles, consulten a las niñas y los niños con discapacidad sobre las medidas que vayan a adoptar y les vaya a afectar, y mencionó la responsabilidad de crear mecanismos o herramientas que faciliten la expresión de sus opiniones para que éstas sean tenidas en cuenta.

Por su parte, la Comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, indicó que el Comité para la Convención de la ONU, del que es miembro, ha detectado que los Estados parte no consultan directamente a las niñas y los niños con discapacidad con vistas a la aplicación en la normativa y hacer así efectivo el tratado internacional.

Expuso las recomendaciones que el Comité hizo a España, como que “deplora la falta de información sobre la eficaz participación de las niñas y niños con discapacidad en todos los niveles de su vida”, que “se deben adoptar medidas para incluirles en todos los ámbitos de su vida” y que España adopte políticas y programas que asegure el derecho a expresar sus propias opiniones, así como su preocupación por las tasas de malos tratos de las niñas y niños con discapacidad en España.

Para Peláez, a España le queda un “largo camino por recorrer” en este sentido y recomendó partir de los principios y mandatos de la Convención y aplicar ésta directamente a toda la infancia con discapacidad. En su opinión, el movimiento asociativo tiene un “inmenso” compromiso en este aspecto, ya que no cuenta apenas con políticas de infancia, por lo que propuso crear grupos de trabajo para dar a conocer estos derechos y ofrecer mecanismos de participación.

La coordinadora de la Red de Niñas y Niños con Discapacidad del CERMI, Inés de Araoz, manifestó que lo importante es “dar voz” a las niñas y los niños con discapacidad porque no se trata sólo de una necesidad, sino de un derecho, lo cual “conlleva un cambio en la manera de ver las cosas” y un proceso de transformación de las organizaciones, influenciadas por la Convención.

Para De Araoz, la participación es un derecho que está muy relacionado con la autodeterminación, la libertad de tomar las propias decisiones y el derecho de no verse obligado a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.

Por su parte, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España, , Marta Arias, defendió la participación de las niñas y los niños con discapacidad no sólo desde el punto de vista de beneficiarios, sino como agentes de cambio, y resaltó el principio de equidad, es decir, poner el foco en sus derechos “en todo momento, lugar y circunstancia”.

Por último, Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de la convención de los Derechos del Niño, indicó que no sólo hay que tener en cuenta a las niñas y los niños con discapacidad en lo que respecta a decisiones individuales, sino que “deben ser escuchados colectivamente” y se debe procurar que ejerzan su derecho de participación en todos los ámbitos, y facilitarles apoyos y medidas específicas para garantizar su participación en condiciones de igualdad que el resto.

 

6ª SESIÓN: ‘Universidad, excelencia y discapacidad’

En esta sesión se reflexionó acerca del compromiso de la Universidad para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica, laboral, cultural, etc., donde no sólo resulta esencial asegurar su acceso a la formación universitaria y a la profesión universitaria en igualdad de condiciones, sino también apostar por una universidad inclusiva que promueva la investigación, la innovación, la formación especializada y el asesoramiento y la transferencia de resultados en materia de discapacidad.

En la mesa redonda participaron Álvaro Jarill, vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED; Víctor Manuel Rodríguez, director del Área Educativa de FUHEM; Mercedes Gutiérrez, profesora titular del Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesora del Ministro de Educación entre  2006 y 2010; Gloria Molero,  asesora de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Carmen Jáudenes, directora técnica de FIAPAS y miembro de la Comisión de Educación del CERMI.

Todos coincidieron en afirmar que ha habido avances legislativos en los últimos años sobre la aplicación y adaptación del artículo 24 de la Convención de la ONU, que habla de la educación inclusiva.

Sin embargo, Jarillo destacó los siguientes puntos críticos para la inclusión universitaria en España: la continuidad y transición entre educación secundaria y superior, la transparencia y la homogeneidad en criterios de acceso, la permanencia y salida de la universidad, la diversidad en los parámetros de inclusión y criterios de adaptación curricular, la precariedad financiera y la falta de recursos, y la formación y capacitación de los cuerpos docentes y demás personal universitario.

Por su parte, Víctor Manuel Rodríguez señaló que lo necesario para una universidad inclusiva es que las administraciones educativas profundicen en el desarrollo normativo y hagan cumplir las normas, así como la reinvención e imaginación de las universidades ante la falta de financiación.

Mercedes Gutiérrez, coincidió en este último punto, al tiempo que manifestó que el Espacio Europeo de Educación Superior es “una oportunidad de oro” porque fuerza a una enseñanza más personalizada y creativa.

Carmen Jáudenes enumeró como claves para el abordaje inclusivo en el sistema universitario la identificación de las necesidades específicas de apoyo y una disposición adecuada y estable de los recursos de apoyo, la formación del profesorado y la toma de conciencia de la comunidad universitaria y de todos los agentes involucrados.

Por último, Gloria Molero aludió a las entidades de la discapacidad como las responsables del desarrollo de muchas acciones a favor de los estudiantes con discapacidad en la universidad.

 

CLAUSURA INSTITUCIONAL

En el acto de clausura, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, consideró necesario el compromiso de la sociedad civil y de las organizaciones de la discapacidad para hacer así efectiva la aplicación de la Convención de la ONU.

Tremiño señaló que la responsabilidad es de todos, pero apuntó a las entidades sociales de la discapacidad y a las propias personas con discapacidad y sus familias como los impulsores para que las administraciones “lleven a buen término la Convención y conseguir así su efectiva aplicación”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, mostró su compromiso por defender los intereses de los ciudadanos europeos, en especial de las personas con discapacidad, para que se logre el efectivo cumplimiento del tratado internacional.

Concepción Díaz, vicepresidenta del CERMI, afirmó que la Convención “aporta un cambio social”, sobre todo, en lo que respecta al enfoque de los derechos humanos en el discurso de los derechos de las personas con discapacidad, que también son derechos sociales, económicos, lingüísticos y culturales.

Asimismo, animó a seguir luchando para promover el cambio que “tiene que experimentar el movimiento asociativo”, con el fin de “revolucionarse para que se aplique en todo el mundo, liderar la Convención y hacer presión para que se implemente”.

Por otra parte, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, mencionó el compromiso del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, dependiente de este centro universitario, en su lucha por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Por último, la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristina Fraile, quiso llamar la atención sobre la relación de la cooperación al desarrollo y la discapacidad e hizo referencia al próximo encuentro que tendrá lugar en Nueva York el próximo mes de septiembre sobre desarrollo y Discapacidad.